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lunes, 5 de marzo de 2012

LA CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ¿PARA QUÉ?



Según el arto. 105 de la Constitución Política de Nicaragua: “es obligación del estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía... y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellos”.

En aras garantizar este precepto constitucional y ante la imposibilidad de realizarlo por su cuenta por falta de recursos económicos, es que se han privatizado los servicios públicos de energía eléctrica y telecomunicaciones, concedidos a UNION FENOSA GAS NATURAL Y CLARO respectivamente.

Por suposición jurídica, estas empresas deben destinar parte de sus ganancias para invertir en mejorar la prestación de estos servicios, asimismo en la ampliación de su cobertura, recordemos que hoy en día el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano y las telecomunicaciones dejaron de ser un lujo, para convertirse en una necesidad, de tal manera que lo ideal sería que cada nicaragüense pudiera acceder a estos servicios.

¿Cuál es la realidad?

La realidad es que cada día estas empresas violentan el arto. 105 de la Constitución Política de Nicaragua, en vez de invertir, sabiendo que este es un país subdesarrollado y que no pueden obtener las grandes ganancias que obtienen en otros países, han saqueado y ultrajado la frágil economía familiar. No han invertido en ampliar su cobertura, como es posible que cuando un usuario se presenta a CLARO –QUE TIENES MENOS- para solicitar un nuevo servicio, aún en zonas urbanas, le digan, que en su zona no hay puertos disponibles, entonces para que adquirieron la concesión del servicio si al igual que el Estado no tienen la capacidad de garantizarlo.

En cuanto a UNION FENOSA, toda su inversión radica en la lucha contra el fraude, y aquí cabe preguntarse quién protege al Usuario del Fraude energético (alta facturaciones, costos alterados, cobro excesivo de alumbrado público, entre otros) que la EMPRESA UNION FENOSA GN comete en perjuicio de los nicaragüenses. Lamentablemente INE que debería ser  el Supervisor y garante de proteger a los Usuarios,  es prácticamente dependiente de FENOSA, puesto que recibe el 1% de los ingresos de dicha empresa, es decir entre más nos cobre la proveedora más presupuesto tiene el Ente Regulador.

De igual manera TELCOR como Ente Regulador de las Telecomunicaciones es casi invisible, los puestos de venta tienen el precio que quieren para las recargas de saldos, retardan el proceso en caso de reclamos de los usuarios y prácticamente nada está regulado en cuanto a telefonía celular se refiere.

Está en nuestras manos defender nuestros derechos como consumidores y usuarios.

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